MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El actual ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha confirmado la imputación del exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, en el cargo durante el mandato de la expresidenta Jeanine Áñez, por violentar el derecho a la educación tras anunciarse la clausura del año escolar durante la pandemia de coronavirus.
En junio de 2020, el Ministerio de Educación promulgó un decreto en el que se establecía la vuelta a las aulas bajo cuatro modalidades –presencial, semipresencial, virtual y a distancia–. Sin embargo, no hubo acuerdo con el Magisterio y se clausuró el año escolar.
En su momento, tanto la presidenta interina, Jeanine Áñez, como el resto de su Gabinete defendieron la medida argumentando que se privilegiaba la vida, por lo que, por ningún motivo, permitirían que los niños volvieran a clase y se expusieran a la COVID-19 aunque les cayeran encima “cien mil juicios”.
Así, Lima ha señalado este lunes que esta imputación se presentó “hace bastante tiempo”. “Lo que ocurrió es que el Ministerio Público ya dictó una imputación formal en contra de (Limbert) Ayarde y contra el mismo exministro de Educación”, ha remarcado, tal y como recoge el diario ‘El Deber’.
En concreto, tanto el exministro de Educación como su exviceministro, Limbert Ayarde, están acusados por “dos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y desobediencia a decisiones en proceso de amparo constitucional”.
Tal y como recoge el diario ‘La Razón’, esta decisión fue cuestionada por varios sectores sociales, incluso por la Asamblea Legislativa boliviana, que censuró al exministro por considerar “injustificada” la medida.
El anuncio de la clausura escolar ocurrió un día antes de que se iniciara la considerada fase dura de protestas contra el aplazamiento de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, la principal crisis política a la que se enfrentó el país por aquel entonces.
El fin de las clases afectó a los aproximadamente tres millones de estudiantes de todos los colegios, escuelas y otros centros públicos y privados del país, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato o secundaria. Los alumnos, tal y como anunció el Ejecutivo, pasaron de curso y los maestros siguieron cobrando sus salarios.
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