MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) reclamó este martes al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aumentar hasta el 1% la asignación tributaria para fines sociales.
Así lo demandó en el marco de una nueva reunión de la Comisión para el Diálogo Civil entre la propia plataforma y el departamento de Pablo Bustinduy, según precisó la entidad en un comunicado en el que recordó que dicha comisión es un mecanismo permanente de interlocución entre la Secretaría de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las entidades del Tercer Sector.
Al inicio de la reunión, el presidente de la PTS, Luciano Poyato, advirtió de que la Comisión para el Diálogo Civil debe ser “un espacio real de gobernanza y un verdadero espacio consultivo” que permita “compartir el contenido real y común de las agendas y abordar cuestiones importantes de la agenda social del Tercer Sector”.
En este sentido, Poyato juzgó “necesario” lograr una interlocución “más estrecha y fluida” así como “contar con un compromiso firme y real” del gabinete de Bustinduy para “abordar todos los asuntos pendientes”.
Por su parte, la vicepresidenta de la plataforma Asunción Montero también estimó urgente “avanzar” hacia un “cambio de modelo” de financiación de las entidades sociales, convencida de que el sistema de subvenciones requiere de una transformación que impulse la concertación social y la contratación socialmente responsable, pero, mientras se “avanza” hacia ese cambio, recordó que la plataforma propone “aumentar del 0,7 al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social”.
Según su punto de vista, este aumento se traduciría en un “impacto social muy positivo” mientras que la repercusión final sobre los Presupuestos Generales del Estado “sería prácticamente inexistente”. “La adopción de la medida propuesta hubiera conllevado, en 2023, un aumento del 43% para fines sociales, mientras que la repercusión que ese aumento conllevaría en los Presupuestos Generales del Estado sería únicamente del 0,06%”, según la plataforma.
DESARROLLOS NORMATIVOS PENDIENTES
A continuación, el vicepresidente de la plataforma Luis Cayo Pérez subrayó que, en la pasada legislatura, varias cuestiones normativas quedaron “paralizadas” por el adelanto de las elecciones del año pasado, como es el caso del Real Decreto por el que se regulan las Entidades del Tercer Sector de Acción Social Colaboradoras de la Administración General del Estado, el Inventario de entidades del Tercer Sector de Acción Social y el Reglamento general de desarrollo de la Ley del Voluntariado.
En este contexto, advirtió de que estos desarrollos normativos pendientes “deben ser reactivados a la mayor brevedad”, al entender que representan “unas reivindicaciones fundamentales” para las entidades del Tercer Sector debido a su “importancia”.
UNA LEGISLATURA MÁS SOCIAL
Por su parte, el también vicepresidente de la plataforma Carlos Susías estimó “prioritario” que la Ley de Familias “salga adelante” e incorpore la Directiva Europea relativa a la conciliación familiar, pero también que se “reformen” las leyes de Discapacidad y Autonomía Personal y que se “impulse” la Ley de Acceso en Igualdad a los Servicios Sociales para que se incluya un “suelo mínimo común de atención en todo el territorio”.
En paralelo, solicitó que se “dé cumplimiento” al desarrollo normativo de la Ley de la Vivienda, para “garantizar el derecho a la vivienda” y demandó que se “continúen fortaleciendo” las políticas contra la pobreza y prevención de la exclusión social con la “mejora de la implantación y el alcance” del Ingreso Mínimo Vital.
SUBVENCIONES DEL 0,7
En la misma línea, la vicepresidenta de la plataforma Natalia Peiro remarcó que hay cuestiones relacionadas con la convocatoria estatal de las subvenciones del 0,7% que “preocupan” a la PTS e incidió en que la plataforma “ha trabajado para preparar recomendaciones en relación con los criterios de financiación de los proyectos”.
A este respecto, solicitó que las entidades fundacionales de grandes empresas mercantiles sean “excluidas, expresamente, de la convocatoria del 0,7”.
A su vez, la directora ejecutiva de la plataforma, María José Juanes, presentó propuestas para la metodología y “mejor funcionamiento” de la Comisión para el Diálogo Civil con el fin de “garantizar” que la misma “es un espacio de diálogo y colaboración permanente que sea realmente efectivo y permita una verdadera participación del Tercer Sector”.
Por parte del departamento de Pablo Bustinduy, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, reconoció que esta propuesta de aumento “es necesaria y puede contribuir a mejorar la financiación de las entidades” y se comprometió a “acompañar y apoyar a la Plataforma del Tercer Sector en esta petición”.
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