MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
Entidades titulares de centros concertados subrayaron este martes, a la vista de informes publicados periódicamente por algunas organizaciones sobre las ‘cuotas’ abonadas por las familias, que es “incorrecto e injusto” sugerir que incentivan el cobro de cuotas ilegales”.
“Todas las contribuciones económicas de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto”, indicaron en un comunicado conjunto rubricado por Escuelas católicas, CECE y Uecoe) sobre el reciente informe impulsado por EsadeEcPol.
Por ello, instaron a “una revisión más rigurosa de los datos presentados en el informe, especialmente en lo que respecta a la financiación real de los centros concertados y su capacidad para mantener instalaciones adecuadas”. “Es esencial no confundir las donaciones y contribuciones voluntarias con el cobro de cuotas ilegales, y también es preciso reconocer el papel vital que desempeñan los centros concertados en la oferta educativa del país”, indicaron.
En este contexto, destacaron también que “el informe señale el poco rigor” de los estudios publicados periódicamente por Cicae y Ceapa (que aglutinan a centros privados y representan a las familias de centros públicos) y “titulares sesgados en otros medios y que hemos denunciado en ocasiones anteriores”.
En su amplio comunicado, las entidades de centros concertados recordaron también los datos de la situación “real” de sus centros con datos como que la aportación voluntaria media a nivel nacional es de 26,93 euros/mes; la cuantía de la aportación voluntaria es correlativa al PIB de las comunidades autónomas o que casi el 30% de los centros no recibe ningún tipo de aportación voluntaria. Asimismo, prosiguieron los concertados, el 60% recibe una aportación inferior a 50 euros/mes y sólo el 5% recibe una aportación superior a 100%/mes y que la cuota media nacional por actividades complementarias es de 28,46 euros/mes.
“En suma, deseamos que se siga profundizando en la flagrante infrafinanciación de los centros concertados hasta llegar a un modelo que garantice el equilibrio financiero y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Administración y reconocidas por la legislación aplicable, en una línea de equiparación en su cuantía con los centros públicos, como ya sucede en muchos países de la UE”.
INSUFICIENTE FINANCIACIÓN
En su comunicado, las organizaciones de los centros concertados explicaron que el informe de Esade subraya “la insuficiente financiación de la educación en España, así como la crónica infrafinanciación de la escuela concertada”, por lo que aseguraron que “es urgente” cumplir “con el mandato legal de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno, sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia”.
También reflejaron su preocupación porque el informe “sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros”. “Cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración”, remarcaron.
“Lamentablemente, el informe no aborda adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población”, zanjaron las entidades de centros concertados.
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