La Junta ha expresado que aquellos que agredan a sanitarios sufrirán consecuencias económicas

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha condenado este miércoles las agresiones a los profesionales de la salud en el ejercicio de su labor y ha advertido a los agresores: “Deben saber que les dolerá el bolsillo”, en alusión a las multas que prevé la Ley que prevé aprobar la Junta. “Todo debemos conseguir de una vez por todas erradicar esta lacra que atenaza a los profesionales sanitarios”, ha dicho. Así, ha indicado que, en 2023, se han producido en la comunidad autónoma más de 1.500 agresiones físicas o verbales a los trabajadores de este ámbito, un 6,7% más que el año anterior.

Pese a ello, en el segundo semestre de 2023 se redujeron un 3% con respecto al primer semestre, “lo que nos gustaría que indicase un cambio de tendencia de aquí en adelante”, ha añadido. En relación con este asunto, ha informado en comisión parlamentaria sobre las medidas de seguridad de las que disponen los profesionales: casi 50.000 dispositivos implantados de diferente índole y más de 400 nuevas cámaras instaladas en el último año; protocolos de atención; programas de acompañamiento al profesional agredido o la consideración como autoridad pública.

De este modo, ha recordado y recogido la Junta en una nota de prensa que la Ley contra las agresiones a los profesionales sanitarios, ya en borrador, recoge dos actuaciones “clave”: el Observatorio contra las agresiones, como instrumento de análisis y de propuesta de medidas, y como foro de intercambio de opiniones entre los diferentes agentes para el diseño futuro de acciones; y un régimen sancionador que incluirá multas para aquellas personas que ejerzan la violencia. “Más allá de la vía judicial, los andaluces deben saber que el atentado a la integridad de cualquiera de los profesionales les dolerá en el bolsillo”, ha apostillado.

“Estamos en contexto de aumento de la conflictividad asociado a la figura de la autoridad. Que no es algo exclusivo de los sanitarios, sino que afecta igualmente a policías y educadores. Según el Sistema Estadístico de la Criminalidad del Ministerio del Interior, las agresiones a las fuerzas del Estado han aumentado en un 21% en solo tres años. Pero esto no nos exime de esfuerzo para continuar impulsando medidas y buscando fórmulas adecuadas para que el trabajo de nuestros profesionales se desarrolle en un entorno seguro y confiable”, ha concluido.