El Principado afirma que el incremento de la población de lobos resalta la necesidad de trasladarlos fuera de Lespre

Medio Rural abonó 1,1 millones por los daños causados por esta especie en 2023, la cifra más alta desde que existen registros

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha indicado que el incremento de la población de lobos en Asturias muestra la necesidad de sacar esta especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que permitiría al Principado realziar controles.

El Ejecutivo ha constataso un incremento de la población de lobos, que alcanzaron las 43 manadas el año pasado, de las cuales 39 son reproductoras. Además, en función de los indicios detectados, se evalúa la posible existencia de otros tres grupos.

Estos datos se han dado a conocer este miércoles en la reunión del Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo. Para llevar a cabo el estudio, se analizaron 56 áreas y se habilitaron 1.224 estaciones de escucha. El censo correspondiente a 2023 recoge también el número de ejemplares hallados muertos, 15 en total, en su mayoría por atropellos.

Respecto al balance de años, los cánidos atacaron el año pasado a 3.256 animales: 953 vacas, 227 cabras, 1.093 caballos, 976 ovejas y 7 perros. El Gobierno de Asturias abonó 1,1 millones para compensar estas pérdidas, las cifras más altas desde que existen registros (1997).

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha recordado que actualmente el lobo está incluido (Lespre), un hecho que “condiciona la aplicación del Plan de Gestión del Lobo en todos sus términos, ya que la situación de la especie en esta zona biogeográfica se ha declarado desfavorable, pese a que ha mejorado en los últimos años”.

Además, ha recordado que la decisión de proteger la especie se adoptó en 2021 con base en datos del período 2012-2014, “cuando el número de ejemplares era inferior al del momento de inclusión en el Lespre”.

Además, en la sesión se ha anunciado el próximo pago de indemnizaciones, por valor de 1,1 millones, correspondientes a daños de fauna silvestre pendientes de 2023 y a los primeros meses de este año.