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El Defensor pregunta por las medidas para eliminar los nombres de centros educativos contrarios a la memoria

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SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto queja de oficio dirigida a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional interesándose por las medidas para eliminar los nombres de centros educativos andaluces contrarios a la memoria democrática.

En el texto de la queja, consultado por Europa Press, Maeztu señala que tras tener conocimiento de diferentes “incumplimientos” respecto a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, desde la Defensoría se incoaron actuaciones de oficio dirigidas a las corporaciones municipales de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para que se emitieran informes sobre la existencia de dichos elementos, así como las actuaciones para la retirada de los mismos.

En algunas de estas actuaciones “hemos sido informados de la existencia de centros educativos cuya denominación pudiera ser contraria” a la memoria histórica, habiendo sido contrastada dicha información con la página web de la Consejería de Desarrollo Educativo, prosigue el Defensor en su queja.

En la misma cita algunos de estos centros como el IES ‘Miguel Sánchez López’ en Torredelcampo (Jaén), los CEIP ‘Augusto Santiago Bellido’ y ‘José Luis Villar Palasí’ en Vélez Málaga, el IES ‘Tolosa’ en la Línea de la Concepción (Cádiz) o los CEIP ‘Coca de la Piñera’ y ‘Alfonso de Orleans’, en Utrera (Sevilla).

Además, la Defensoría aclara que en caso de “no existir la certeza” de la consideración de dichos elementos como contrarios a la Ley de Memoria Democrática, lo responsables de su eliminación deben elevar consulta al Comité Técnico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

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De este modo, la Oficina del Defensor considera oportuno iniciar esta actuación de oficio solicitando a la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada la emisión de un informe con relación de centros educativos de cada provincia cuya denominación se puede considerar contraria a las leyes de memoria democrática.

Asimismo, quiere conocer si en caso de duda sobre alguna denominación se han dirigido al Comité Técnico para resolver estos expedientes, y si es así, la relación de los mismos y la respuesta dada así como las actuaciones que se han realizado para abordar el cambio de denominación y el estado de tramitación de las mismas.


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