MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha denunciado, con motivo de la celebración este sábado del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que la Administración no toma medidas para impedir las agresiones a los profesionales sanitarios.
Según datos del Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en 2021 se registraron un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior (pese a que se comunica y denuncia una ínfima cantidad de agresiones, especialmente silenciadas las producidas por amenazas, intimidaciones e insultos), lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5.649 agresiones y dispara esta violencia contra los médicos al 39 por ciento, la segunda mayor por detrás de la de 2019.
CESM ha recordado que las consecuencias del crecimiento de esta lacra son nefastas para el desarrollo de la labor asistencial más allá de los propios efectos que padecen los profesionales, ya que contribuye, entre otras cosas, al ‘burnout’ profesional, al aumento de patología de diversa índole entre los medios y a un aumento de la medicina defensiva, que a su vez incrementa los costes del sistema sanitario.
“Los responsables de la Administración no solo no están evitando que se produzcan las agresiones adoptando las medidas preventivas adecuadas, sino que no corrige los problemas de base que generan situaciones de agresividad, como son las condiciones laborales en las que se ven obligados a ejercer los médicos, con consultas sobrecargadas por plantillas muy mermadas y las demoras que se ven obligados a asumir los pacientes, equivocados con el concepto de ‘derechos ilimitados’ transmitido desde gerencias y puestos políticos”, ha dicho la organización.
Por todo lo anterior, CESM ha avisado de que es “urgente y necesario” garantizar que los profesionales sanitarios puedan ejercer su labor en las condiciones idóneas, sin riesgo de agresiones de ningún tipo, ya que la mejor garantía para la salud de los ciudadanos es que los profesionales que los asisten tengan garantizada su propia salud y seguridad.
En este sentido, CESM ha exigido, tanto a la Administración central como a las autonómicas, que aporten todos los recursos materiales y humanos necesarios para acabar con esta enorme lacra que deteriora de manera inexorable el Sistema Nacional de Salud.
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