VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)
La Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León ha hecho público su malestar con lo que considera una inacción continuada de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en las medidas de protección a las personas residentes en estos centros.
Desde la plataforma consideran que las sucesivas guías publicadas por la Consejería suponen un “parecer que se hace cuando en realidad no se hace nada concreto”.
Advierte de que todas las citadas guías de actuación publicadas por la Consejería inciden, continuadamente, en que las mismas son “una serie de recomendaciones”, como se remarca en todas ellas al propio inicio de sus articulados.
Los integrantes de esta plataforma consideran que dicha inacción y establecimiento de las guías de actuación como recomendaciones y no como normas a cumplir por el conjunto de centros residenciales redundan en la arbitrariedad de medidas tomadas por cada centro, sus direcciones o las direcciones de las empresas a cuyos conglomerados pertenecen muchas de ellas.
Así, citan que, debido a dicha “arbitrariedad, falta de normas claras establecidas por la Consejería cuyas competencias establece la ley y seguimiento del cumplimiento de las mismas”, los familiares de residentes, y en ocasiones los mismos residentes, son quienes han de “bregar, pelear y discutir continuadamente” con las propias direcciones para hacer valer los derechos fundamentales de las personas que viven en las mismas en Castilla y León.
Señalan que en varios centros se ha llegado a dar el caso de incumplimiento del Auto 00297/2020 del TSJCYL, de 6 de noviembre de 2020, que establecía el Derecho y necesidad que asiste a los residentes a salidas y visitas, de forma reglada y coherente para mantener la seguridad sanitaria personal y colectiva.
ESCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
De este modo, los integrantes del colectivo de afectados han remitido un escrito a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para que emita una nueva Guía de Actuaciones, Normativa, de obligado cumplimiento para los centros y con el consiguiente seguimiento del mismo por parte de las instituciones públicas competentes para ello.
Así mismo, han remitido dicho escrito también al Procurador del Común para que medie en la situación generada por la “inacción y arbitrariedad normativa prolongada” ya durante estos casi dos años de pandemia.
Desde la plataforma recuerdan que no es óbice que las decisiones se dejen en la mano única y exclusiva de una de las partes que conforman el sistema residencial de la Comunidad, sin entrar a cumplir con las obligaciones democráticas que emanan de los cargos institucionales y funcionariales que competen a la Administración, y dejando de lado a los propios usuarios y familiares de los mismos de dichos centros, mucho menos cuando la única parte que toma las decisiones es aquella que está haciendo negocio con el sistema residencial de Castilla y León.
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