MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El colectivo Aborto Legal Costa Rica ha presentado este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una iniciativa ciudadana que busca impulsar un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Actualmente, Costa Rica cuenta con una de las legislaciones más restrictivas en cuanto al aborto, ya que solo permite la interrupción del embarazo cuando este pone en peligro la vida o la salud de la madre.
En el país se permite el aborto terapéutico –inducido y justificado por razones técnicas–, aunque desde el colectivo han señalado este lunes en una rueda de prensa que se “queda corto” frente a los índices de embarazo adolescente y las violaciones sexuales que se registran en el país.
Según los datos proporcionados por el colectivo, al año se practican unos 27.000 abortos, todos de forma clandestina, según los últimos datos ofrecidos por la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).
El proyecto necesitará 170.000 firmas ciudadanas para seguir adelante con la iniciativa de garantizar un aborto libre, seguro y gratuito en la nación centroamericana, según el portal de noticias Delfino.
“Desde el momento en que impulsamos este proyecto fuimos muy conscientes de que no tenemos el apoyo de algunos los sectores bastante específicos y que hay grupos que se opondrán pero no es la primera vez en la historia de los derechos de las mujeres que hay estas oposiciones, así que nosotras vamos a trabajar por sacarlo adelante”, ha señalado la portavoz del movimiento, Alejandra Barrantes.
Así, el proyecto que quieren impulsar garantizaría la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive para “que se garantice la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres y la oportunidad de decidir si queremos o no ejercer la maternidad o pasar por un proceso de parto que no es nada fácil”.
Barrantes ha añadido en una entrevista con Delfino que buscan que “la práctica de la interrupción del embarazo se trate como una práctica de salud pública pues creemos que debe dejarse de ver como una política criminal”.
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