SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La asociación Yiló, creada en defensa de las familias del Polígono Sur y de Torreblanca, ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, soluciones ante la “precariedad energética” que padecen las familias de tales barrios afectadas por las interrupciones en el suministro de electricidad precisamente durante la actual ola de frío.
La asociación ha expuesto que desde el pasado 6 de enero, en las casitas de la plaza del Platanero de Torreblanca, “varias familias gitanas han estado con cortes” en el suministro de energía eléctrica o con baja potencia en la electricidad, extremo ante el cual “algunas personas han tenido que abandonar sus hogares por el frío que estaban teniendo” sin contar con energía para alimentar los aparatos de calefacción.
El grupo energético Endesa, en ese sentido, confirmaba recientemente a Europa Press incidencias en el suministro de electricidad en este entorno, donde según la empresa sólo el 20 por ciento de los inmuebles tiene contratado el abastecimiento energético que reciben.
Señalando en paralelo las múltiples interrupciones en el suministro energético acontecidas en el Polígono Sur, donde Endesa esgrime situaciones similares a la anteriormente descrita, este colectivo expone que “en Torreblanca y en el Polígono Sur están viviendo una precariedad energética que viola los derechos humanos, encontrándose sus hogares sin unas condiciones de vida dignas, enmedio de una pandemia con unas restricciones que instan a quedarse en casa para no enfermar y frenar la expansión de la COVID-19”.
“Se sobrelleva esta situación con miedo, se culpa a los vecinos y a las vecinas de este barrio, los medios de comunicación y alguna personas buscan silenciar la situación por intereses individuales y propios”, alerta el colectivo, que insta al Ayuntamiento de Sevilla y al resto de instituciones a “dar una respuesta rápida a esta situación”, reclamando “recursos para afrontar lo que está pasando”.
A la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, el colectivo le reclama “protección en estos momentos” y al Consejo del Pueblo Gitano y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicita “corresponsabilidad” a la hora de buscar una solución.
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