SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
Andalucía lidera el déficit de plazas residenciales y alcanza la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años, con una carencia que se cifra en 28.457 plazas, según un informe recientemente publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y que ha elaborado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (Adygss).
El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. En este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226.
Junto a Andalucía los principales déficits de plazas residenciales para lograr una ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años se sitúan en la Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074), según ha informado Adygss por medio de una nota de prensa.
“A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas Comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise”, ha afirmado en su nota la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
A juicio de esta asociación hay otros debates pendientes, como la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que, a su juicio, “su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos”.
La ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales.
LA RATIO DE PLAZAS PÚBLICAS: 2,6/100 MAYORES
Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años.
Unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho, ha indicado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
“Se puede estimar que más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial”, ha indicado.
La situación muestra diferencias muy significativas entre Comunidad Autónomas, como viene siendo habitual en todo lo que tiene que ver con Servicios Sociales.
Sólo 5 comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo dos de ellas (las dos Castillas) alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública.
En este sentido es necesario destacar el aumento en plazas de financiación pública de Aragón.
Cantabria se queda a sólo 5 centésimas de alcanzar la ratio definido por la OMS.
En términos relativos sólo 4 comunidades autónomas no superan el 3% de plazas residenciales por cada 100 personas mayores: Murcia (2,27%), Comunidad Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).
Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, según ha explicado Adygss, por lo que destacan en este sentido comunidades como Galicia, Canarias y Madrid, donde existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.
Las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros, en este aspecto encontramos una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en Comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.
La pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales: 1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad.
Resulta así que en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%.
Con la premisa de que en “las residencias para mayores han sido lugares donde el Covid-19 ha hecho estragos”, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha apuntado que “este hecho nos impele a reabrir antiguos debates como el de las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores y reformular sus funciones y su remuneración”.
“Es necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona desde la perspectiva de que estos centros son lugares para vivir y convivir-sustituyen a los hogares familiares- y no centros sanitarios”, ha argumenado Adygss.
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