MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El 29% de las mujeres que ejercen la prostitución en España tuvieron que recurrir a los puteros para poder pagar sus deudas y hacer frente económicamente a lo precario de su situación durante el confinamiento domiciliario provocado por la pandemia del coronavirus.
Así se pone de manifiesto en la obra ‘Intervención social con mujeres en prostitución y víctimas de trata. Aportaciones y experiencias durante la covid-19’, un trabajo realizado por investigadores del Grupo de Investigación, Género, Riesgo y Vulnerabilidad de la Universidad Pontifica Comillas, liderados por Carmen Meneses, en el que se analiza el impacto del confinamiento y de la pandemia en estas mujeres.
El documento, cuyas conclusiones se conocieron este viernes con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se basa en una encuesta a alrededor de 500 mujeres y ha contado con la participación de los 14 proyectos sociales de Oblatas en Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Ferrol, Las Palmas, Madrid, Murcia, Mallorca, Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla y Valladolid.
El estudio atestigua que el 47% de las encuestas carece de documentación legal en España; a ello se añade que el 85% de ellas ejercía la prostitución antes de la pandemia y el 44% siguió haciéndolo durante el confinamiento.
A su vez, el 39% de las mujeres reconoció que se inició en la prostitución por coacción y un 31% porque había contraído una deuda para venir a España desde sus países de origen.
Durante los meses de confinamiento domiciliario, el 53% de las encuestadas no tenía para comer y el 52,4% incrementó sus deudas, una situación que llevó al 29% a recurrir a los puteros para salir adelante económicamente.
En ese tiempo, el 15,4% de las mujeres se vio en la calle por no pagar el alquiler y al 13,7% la echaron del club, el local o el piso donde ejercía la prostitución cuando se decretó el confinamiento.
Desde el estadillo de la pandemia hace dos años y medio, el 91,2% de las encuestadas redujo sus ingresos, lo cual tuvo una incidencia directa en su bienestar, como lo ilustra que al 83,3% le preocupa no poder pagar el alquiler, que el 77,3% tenga problemas para mandar dinero a su familia, que el 68,2% reconozca sufrir complicaciones psicológicas y el 44% físicas, y que el 36% no puede solicitar ayudas sociales por carecer de conexión a Internet.
Por su parte, el 65,8% de las encuestadas confiesan que ha cambiado su relación con los puteros, ya que la clandestinidad ha generado una mayor desprotección (el 24% señala que ha sufrido episodios violentos), abaratamiento de los precios a cambio de las prácticas sexuales y mayor inseguridad (al 70% le han pedido no usar métodos anticonceptivos).
A pesar de que el 48,5% solicitó formalmente alguna ayuda a las autoridades, únicamente el 28% recibió algún tipo de asistencia.
En ese sentido, casi todas las encuestadas cumplían los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero ninguna pudo acceder a la prestación, por lo que la prostitución era su única salida.
Ante el empeoramiento de su situación económica, sólo encontraron apoyo en los puteros y en las ONG para pagar sus deudas, y aquellas mujeres que quieren abandonar la prostitución no pueden hacerlo por la imposibilidad de inserción en el mercado laboral, a lo que se suma la discriminación hacia aquellas de origen extranjero.
Por todo ello, el estudio concluye postulando de anteponer la revisión de las leyes migratorias y a la legislación sobre la prostitución.
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