MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estudia “tomar todas las medidas que se estimen convenientes” contra Cabify ante el contenido y las alusiones tanto directas al Ministerio como personales hacia la titular del departamento, Raquel Sánchez, de una campaña publicitaria lanzada por esta empresa.
Así lo señaló Transportes en una nota emitida con motivo del final del periodo de moratoria de las concesiones de VTC el próximo 30 de septiembre y ante las reclamaciones hechas por algunas compañías.
A este respecto, explicó que el real decreto-ley de 2018 que estableció esta moratoria de cuatro años habilitó a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
Asimismo, según recuerda Transportes, determinó que las VTC de ámbito nacional habilitaban exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros, excluyendo el transporte urbano, al finalizar este periodo transitorio de 4 años.
El Ministerio sostiene que desde ese momento las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo suficiente para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas a este plazo inicial de 4 años establecido en septiembre de 2018.
En relación con las demandas que vinculan la ampliación de la moratoria con la covid-19, Transportes defiende que dentro de su ámbito competencial el impacto del coronavirus ya se tuvo en cuenta en los diversos instrumentos aprobados en su momento de medidas de apoyo concretas al sector.
Por último, pide no mezclar este efecto con la casuística derivada de la posibilidad excepcional que recogía el real decreto-ley de Ábalos para que los titulares de las VTC solicitaran, hasta tres meses después de su aprobación, una ampliación de los 4 años, si estimaban que el plazo inicial no era suficiente, con base en una serie de criterios, supuestos y datos recogidos específicamente en dicha norma, y sobre la que el Ministerio ha resuelto recientemente.
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