El Govern pide tener en cuenta el coste de la población flotante y el aumento de población
PALMA, 23 (EUROPA PRESS)
La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha defendido este jueves las necesidades de Baleares para la reforma del sistema de financiación autonómica durante su participación, en Santiago de Compostela, en la X edición de las Jornadas sobre finanzas autonómicas organizada por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera (Rifde) y la Universidad de Vigo.
Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, este encuentro, celebrado desde el miércoles hasta el viernes, cuenta con la participación de responsables políticos, analistas y expertos académicos de instituciones y universidades.
Durante su intervención, la consellera ha mantenido la reclamación de avanzar hacia un futuro modelo de financiación autonómica y ha expuesto las principales propuestas de las Islas en este ámbito, en relación al cálculo de la población ajustada.
En este punto, ha manifestado que el debate e intercambio de propuestas sobre el concepto de la población ajustada ha supuesto “un primer paso a valorar”, de cara a poder iniciar “un debate más global y amplio” entre el Ministerio y los gobiernos autonómicos para la negociación del futuro sistema de financiación, teniendo en cuenta, además, que el actual modelo, vigente desde 2009, se encuentra pendiente de revisión desde 2014, hace ya ocho años.
También ha defendido la “responsabilidad” demostrada por las comunidades en la gestión de los recursos durante la crisis provocada por la COVID o en el actual escenario derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, y que existen “puntos de acuerdo” entre las comunidades de cara a la reforma del modelo de financiación, como es la necesidad de contar con una mayor aportación de recursos ante la “asimetría vertical” entre la Administración general del Estado y las CCAA.
COSTES DE LA POBLACIÓN FLOTANTE Y AUMENTO DE POBLACIÓN
En relación con la población ajustada, las Islas han pedido la inclusión de los costes derivados de la población flotante y del incremento de la población, para tener en cuenta la “carga real” de población a la que se prestan servicios públicos, y la consideración de las diferencias de precios entre comunidades autónomas –por ejemplo los precios de la vivienda y el suelo– para la provisión de servicios públicos, así como una mejora y redistribución de la variable de la insularidad.
En Baleares, según ha indicado la consellera, el fenómeno de la población flotante –turistas, trabajadores de temporada y personas con segundas residencias– tiene un marcado carácter estacional y provoca que la población casi se duplique los meses de julio y agosto.
Además, se combina con otro factor muy significativo en las últimas décadas y que se proyecta de cara al futuro, como es el incremento continuado de la población en el archipiélago, que ha duplicado el aumento experimentado en el conjunto de España los últimos 20 años.
Así, el Govern ha considerado que “este es un reto demográfico que se tiene que afrontar”, como un desequilibrio en el sentido opuesto al que se produce por la despoblación en otros territorios.
“El crecimiento de la población genera efectos diferentes al de la despoblación, pero no menos significativos, en cuanto a la provisión de servicios y a su sostenibilidad económica y medioambiental, puesto que obliga en las comunidades a hacer un esfuerzo en su capacidad instalada para adaptar las infraestructuras”, ha señalado la consellera.
Durante su intervención en las jornadas, Sánchez ha incidido también en otras cuestiones sobre el posicionamiento de Baleares de cara a una negociación más global sobre la futura reforma del sistema de financiación y ha reiterado que se debe avanzar hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades autónomas.
Asimismo, ha defendido que el futuro modelo debe permitir a las CCAA incrementar la autonomía fiscal y asumir una mayor responsabilidad fiscal y tributaria “sin renunciar a la solidaridad entre territorios”, y que incorpore el principio de ordinalidad, para que la comunidad pueda recibir un nivel de recursos en orden al que aporta.
Baleares también ha mencionado otros aspectos, como un reequilibrio vertical de recursos entre el Estado y las comunidades para plantear una mayor aportación de recursos a las CCAA y garantizar la suficiencia de financiación de los servicios públicos, así como una condonación o compensación de la deuda pública generada por un aumento de las necesidades de gasto superiores a los recursos de las comunidades y por la infrafinanciación.
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