PMcM se alegra de ser parte del Observatorio contra la Morosidad y aspira a formar parte del Consejo de la Pyme

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado su participación en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada y espera recibir la confirmación oficial para formar parte también del Consejo Estatal de la Pyme.

La Plataforma ha puesto en valor, a través de un comunicado , que se haya publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la creación del Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa, y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, espera recibir la confirmación oficial para participar en el Consejo Estatal de la Pyme, ya que, en él (según recoge la normativa), participarán las asociaciones más representativas especializadas en el ámbito de la morosidad.

Respecto al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, se menciona expresamente que la PMcM participará en la elaboración del informe anual.

En este sentido, el presidente de la PMcM ha manifestado que le “complace participar activamente en el Observatorio, cuya operatividad se vislumbra como un elemento trascendental para el control de los pagos”.

No obstante, considera que pueden implementarse ajustes que potencien su eficacia, especialmente en cuanto a la transparencia del listado y su focalización en los peores pagadores.

AGILIZAR EL REGLAMENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Asimismo, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha exigido que se agilice la aplicación del reglamento de la facturación electrónica (previsto en la Ley Crea y Crece) para poder disponer de la lista de grandes morosos “al menos el año que viene”.

Para la Plataforma, el sistema de facturación electrónica es una “buena herramienta para conocer los plazos de pago del sector público, y facilitaría al futuro Observatorio de la Morosidad realizar sus funciones de control y análisis y, por ende, a erradicar la lacra de la morosidad”.

Además, ha pedido que la aplicación del reglamento de la facturación electrónica “no suponga un añadido de costes ni de procesos para las empresas, especialmente para las de menor tamaño”.