Una “grave descoordinación” entre Igualdad y Sanidad dilata cinco años el reconocimiento de una situación de dependencia

El Síndic de Greuges recoge que el proceso se inició en 2017 y se informó en 2018 a la Generalitat, que no resolvió hasta 2023

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Una “grave descoordinación” entre las consellerias de Servicios Sociales e Igualdad y Sanidad ha demorado en cinco años el reconocimiento de la situación de dependencia de una persona con problemas de salud mental en Picanya.

Así lo recoge el Informe Anual de 2023 del Síndic de Greuges, que señala que esta es una “grave descoordinación” entre ambos departamentos que ha demorado el caso desde que se solicitó el reconocimiento de la situación, en julio de 2017, hasta la resolución, a finales de 2023.

El Ayuntamiento realizó su informe en septiembre de 2017 y en diciembre de 2018 grabó la solicitud a la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad, a la que insistió en que esta persona seguía pendiente de valoración en varias ocasiones.

Según explica el síndic en la resolución, la persona dependiente tenía una discapacidad reconocida del 66%, presentaba patología psiquiátrica, y había sido tratado en varias ocasiones por la Unidad de Salud Mental (USM) correspondiente.

Al ser una persona dependiente con un trastorno de salud mental, la Conselleria de Sanidad es la que ha de realizar la valoración; el Ayuntamiento de Picanya, la elaboración del informe social de entorno; y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, quien tiene que emitir las correspondientes resoluciones de grado y del programa individual de atención.

Según relata el síndic, el Ayuntamiento de Picanya realizó el informe social de entorno en septiembre de 2017, y la solicitud a la Generalitat –en concreto, a la Dirección Territorial de Valencia de la entonces Conselleria de Igualdad– se grabó un año más tarde, en diciembre de 2018.

La conselleria, que actualmente se llama Servicios Sociales e Igualdad, asegura que comunicó en abril de 2021, luego en 2022 y en 2023 a la de Sanidad que debía poner en marcha la valoración, pero Sanidad afirma que hasta febrero de 2023 no tenía noticia de que debía realizar un informe respecto a esta persona. A partir de este punto, comenzó el procedimiento y en abril de 2023 se valoró al afectado.

Tras la queja al síndic, que la hermana del afectado realizó el 31 de julio del año pasado, la institución solicitó informes a las tres administraciones y determinó que el Ayuntamiento actuó de forma correcta, pero que se evidencia una “grave descoordinación” entre los dos departamentos. Picanya y Sanidad respondieron en plazo, pero Servicios Sociales demoró su respuesta casi dos meses.

Según la resolución, este caso “pone de manifiesto una evidente descoordinación entre ambas administraciones y la imperiosa necesidad de que se revise el protocolo de coordinación entre las Consellerias competentes, para evitar que vuelvan a repetirse casos similares”. Finalmente, se dictó una resolución de grado 1 de dependencia a finales del año pasado.