La Generalitat se ha visto en la obligación de pagar una cantidad de alrededor de 12.000 euros a una doctora que contrajo el COVID-19 mientras trabajaba y que no pudo ejercer durante un año debido a su enfermedad

VALENCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La Generalitat deberá pagar 11.965 euros a una doctora que se contagió de covid en el centro de trabajo y estuvo un año de baja al considerar la Seguridad Social que la administración valenciana “incumplió las medidas de seguridad y salud laboral” que impidieron que contrajera la enferemedad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) interpuso escrito ante la Dirección Provincial del INSS ya que “Conselleria de Sanitat ha incumplido su obligación legal de dotar a sus empleados con los medios materiales de protección necesarios y suficientes que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo”, ha señalado el sindicato en un comunicado.

Han señalado, en este sentido, que el 31 de enero de 2020 preguntaron por escrito a la propia Conselleria qué medidas de protección iba a adoptar ante la propagación del covid. “Ese documento no obtuvo respuesta”, han agregado.

En marzo de 2020 llegó la pandemia a España y los profesionales de la sanidad tuvieron que afrontarla con escasez de mascarillas, EPI o batas. CSIF ha indicado que la doctora a la que afecta esta resolución “sufrió un accidente de trabajo el 17 de marzo, consistente en neumonía por covid, a consecuencia del cual ha padecido determinadas lesiones que le han provocado incapacidad temporal hasta abril de 2021”, tal como consta en el expediente del INSS.

El sindicato presentó escrito ante el Instituto Nacional de Seguridad Social para que se produjera un recargo de prestaciones económicas derivadas de este accidente de trabajo “por falta de medidas de seguridad y a que resuelva en el sentido de condenar a la Conselleria de Sanitat a que, a su exclusivo cargo, abone un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo sufrido”.

La central sindical explica que la resolución emitida por el INSS deja claro ese incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral “y propone un incremento de las prestaciones derivadas del mismo de un 30%, siendo responsable la empresa Generalitat Valenciana”. Ese recargo supone 11.965 euros en el caso de la afectada.

El sindicato ha destacado que se trata del primer caso en la provincia de Valencia en que el INSS reconoce explícitamente que se produjo ese incumplimiento de medidas de seguridad por parte la Generalitat para con sus trabajadores en los primeros meses de pandemia y resuelve que, en consecuencia, ha de abonar un recargo como “responsable”.