MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
FSIE ha vuelto a exigir al Gobierno la aprobación de permisos retribuidos o bajas laborales para los trabajadores que tengan el deber de cuidado y atención a familiares dependientes e hijos menores de edad que como consecuencia del COVID deban guardar cuarentena sin la posibilidad de que otras personas puedan hacerlo por ellos.
“El incremento de casos en esta nueva ola, como consecuencia del alto grado de contagios de la variante Ómicron, está ocasionando serios problemas para la conciliación familiar y laboral de miles de trabajadores que se ven obligados a renunciar a sus derechos laborales teniendo que dejar sus trabajos o solicitando permisos no retribuidos”, ha alertado el sindicato.
A su juicio, la posibilidad de adaptación que establece el ‘Plan Mecuida’ se ha mostrado “ineficaz en la medida que requiere para su implementación el acuerdo con la empresa”. “La excepcionalidad de la situación, la temporalidad de la incidencia y los trámites administrativos hacen que esta medida no sirva para compatibilizar el trabajo y el cuidado de familiares dependientes e hijos”, ha señalado.
FSIE ya denunció que la reducción de la jornada, otra de las posibilidades del ‘Plan Mecuida’, supone que el trabajador deje de percibir su salario, “algo que muchas familias no pueden permitirse de ninguna forma y menos en estos momentos en los que existe un IPC desbocado que está castigando la economía familiar”.
Según ha denunciado el sindicato, “esta situación de desamparo institucional está llevando a algunas familias a comportamientos extremos de necesidad que ponen en peligro la salud pública, llevando a sus hijos al colegio o teniendo que poner en situación de riesgo a familiares vulnerables, como los abuelos, y cuyas consecuencias son altamente peligrosas”.
FSIE ha añadido que el propio Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una “incapacidad temporal para aquellos trabajadores que tuvieran que cuidar a un menor contagiado o que debiera guardar cuarentena por haber estado con un contacto estrecho”. “Este compromiso nunca se cumplió y dos años después la situación de las familias y trabajadores es mucho peor”, ha criticado.
“La solución es posible, como ya ocurre en el ámbito de la función pública, donde ya existe la posibilidad de disponer del tiempo indispensable para el cumplimiento de este deber personal inexcusable para conciliar la vida familiar y laboral como así se recoge en el art. 48 j) del Estatuto Básico de la Función Pública. Algunas administraciones autonómicas están recurriendo a esta formula para solventar la ineludible obligación de los poderes públicos de proteger los derechos de sus trabajadores, la conciliación de sus vidas familiares y la salud de la ciudadanía”, ha argumentado.
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