Transparencia Internacional alerta de la “crisis de corrupción” tras la pandemia

Españ figura en el puesto 32 de una lista que encabezan Nueva Zelanda y Dinamarca

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 ha generado también una “crisis de corrupción”, según Transparencia Internacional, que ha tenido en cuenta los efectos colaterales de la situación médica para reconfigurar su Índice de Percepción de la Corrupción, en el que España figura en el puesto 32 de 180.

La responsable de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, ha aprovechado la difusión de este estudio para señalar que “la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica”, sino que también está derivando en prácticas corruptas. Ante está última crisis, “estamos fallando”, ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que lo vivido en el ultimo año ha puesto de manifiesto que la corrupción sigue siendo uno de los principales lastres para el desarrollo a nivel mundial y que, en el caso de la lucha contra la pandemia, complica la atención sanitaria y la democratización del sistema en su conjunto.

El análisis, elaborado a partir de evaluaciones de expertos y de encuestas a directivos de empresas, sitúa como los países teóricamente menos corruptos a Nueva Zelanda y Dinamarca –con valoraciones de 88 sobre 100–, seguidos de Finlandia, Suiza, Singapur y Suecia. En el lado opuesto se sitúan Somalia –12 sobre 100–, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela.

Desde el año 2012, 26 países han mejorado significativamente su nota, entre los que destacan Ecuador, Grecia, Guyana, Birmania y Corea del Sur, mientras que otros 22 la han empeorado, como son Bosnia, Guatemala, Líbano, Malaui, Malta y Polonia. Estados Unidos registra su peor dato desde 2012, con 67 puntos.

A día de hoy, más de dos tercios de los países siguen suspendiendo este examen, es decir, sacan una nota inferior a 50, según Transparencia Internacional, que ha instado a reforzar la supervisión de las instituciones, abrir el espacio a la sociedad civil y garantizar que la población tiene acceso a datos oficiales, entre otras recomendaciones